Un panel de expertos de Naciones Unidas solicitó investigaciones independientes sobre la fiscal general saliente de Guatemala, Consuelo Porras, debido a posibles vínculos con procesos de adopción internacional presuntamente ilegales que involucraron a niños indígenas. La petición se relaciona con un hogar infantil del que Porras fue directora durante siete meses en 1982.
La ONU señaló que recibió información sobre al menos 80 niños indígenas que fueron internados en el Hogar Temporal Elisa Martínez, una institución que posteriormente fue clausurada. Los expertos expresaron preocupación por la falta de una investigación que determine de manera independiente e imparcial qué ocurrió con los menores y cuál fue la posible participación de autoridades estatales en esos procesos.
El caso adquiere relevancia debido a la trayectoria de Porras al frente del Ministerio Público de Guatemala. Durante su gestión, organizaciones de derechos humanos y sectores críticos denunciaron una persecución contra jueces, fiscales y periodistas que investigaban casos de corrupción o cuestionaban las actuaciones de las autoridades.
Uno de los momentos más memorables de su gestión resultó ser el choque frontal con la antigua fiscal general Thelma Aldana. Tras el intento de Aldana por postularse a la Presidencia de Guatemala, la entidad fiscal encabezada por Porras formuló cargos en su contra y libró una orden de aprehensión, situación que motivó la salida de la exfuncionaria del territorio nacional para radicar en Estados Unidos.
El exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, también cuestionó la actuación de Porras. Según su testimonio citado por BBC Mundo, durante su administración algunas denuncias que podían involucrar al entonces presidente Alejandro Giammattei y personas de su entorno eran remitidas a otras fiscalías, lo que, según Sandoval, dificultaba el avance de las investigaciones.
Las nuevas solicitudes de Naciones Unidas llegan cuando Porras concluye su segundo período como fiscal general y se suma a las críticas acumuladas durante sus años al frente del Ministerio Público. El llamado de los expertos busca esclarecer las denuncias relacionadas con los niños indígenas y determinar si hubo responsabilidades de funcionarios públicos en los procesos de adopción señalados.
El caso también vuelve a poner bajo escrutinio la situación de los derechos humanos y la administración de justicia en Guatemala, particularmente en relación con las investigaciones sobre posibles abusos cometidos contra comunidades indígenas y con la actuación de las instituciones encargadas de garantizar la rendición de cuentas.
Fuente: BBC News Mundo — BBC News Mundo
