El presidente de Honduras, Nasry Asfura, incorporó a su equipo de asesores a un exfuncionario cuyo nombre estuvo relacionado con investigaciones por presuntas irregularidades en la administración pública. El nombramiento de Martínez Lozano se realizó el 1 de abril de 2026 en Casa Presidencial, aunque inicialmente no se precisaron las funciones específicas que desempeñará dentro del Ejecutivo.
Martínez Lozano figuró en el año 2019 dentro del proceso investigativo denominado Fraude sobre el Gualcarque, el cual se vincula directamente al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. Dicha pesquisa, promovida en aquel entonces por la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) junto con la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC), advirtió acerca de supuestas anomalías en la concesión de contratos otorgados a la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA).
El sumario igualmente abarcaba acusaciones presentadas por la defensora del medio ambiente y de los pueblos originarios Berta Cáceres, la cual había alertado sobre presuntas anomalías asociadas a la iniciativa previo a su homicidio en el mes de marzo de 2016. Pese a esto, en mayo de 2024, un órgano judicial enfocado en asuntos de corrupción exoneró a Martínez Lozano tras concluir que su culpabilidad penal no quedó probada. Distintos implicados sí recibieron sentencias por ilícitos tales como falsificación documental y fraude.
El exfuncionario también apareció en investigaciones del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) llevadas a cabo entre 2016 y 2018, las cuales estaban vinculadas con su administración al frente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). Uno de aquellos informes apuntó hacia un presunto daño económico cercano a los 120 millones de lempiras a través de acuerdos de servicios que, de acuerdo con el organismo, jamás se cumplieron o habrían servido para desviar fondos estatales. Martínez Lozano ha negado tales señalamientos y los ha tildado de infundados.
Otro estudio difundido por el CNA en 2018 analizó supuestas anomalías en la concesión de acuerdos comerciales por parte de la empresa estatal eléctrica, los cuales presuntamente habrían beneficiado a redes asociadas al clan Rivera Maradiaga, ligado a la facción denominada Los Cachiros. Dentro de las acusaciones destacaban convenios por prestaciones que al parecer nunca se ejecutaron y desembolsos vinculados al cuidado de predios donde no se constataba labor alguna.
La llegada de Martínez Lozano al equipo cercano de Asfura ha generado nuevamente cuestionamientos sobre los criterios utilizados para seleccionar funcionarios y asesores dentro de la administración pública. El caso se suma al nombramiento de la exdiputada nacionalista Gladys Aurora López como delegada presidencial, pese a que enfrenta un proceso judicial por presunta malversación de fondos públicos.
De acuerdo con el Ministerio Público, el proceso contra López está relacionado con recursos destinados originalmente a un proyecto de electrificación social en Opatoro, La Paz, que presuntamente fueron utilizados para financiar obras privadas en San Pedro Sula. La exdiputada enfrenta el proceso en libertad y bajo medidas cautelares.
Fuente: Resumen Latinoamericano — Resumen Latinoamericano
