La UCO centra aún más la atención en el PNV por el rescate de Tubos Reunidos y desencadena una crisis interna debido al rol desempeñado por Ortuzar
La investigación llevada a cabo por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha colocado al Partido Nacionalista Vasco en el foco de las indagaciones sobre el rescate otorgado a Tubos Reunidos, una operación de 112,8 millones de euros que la SEPI aprobó en 2021 y que, conforme a los informes añadidos al sumario que dirige el juez Santiago Pedraz, habría estado acompañada por gestiones de intermediación relacionadas con la llamada trama de la SEPI.
De acuerdo con la documentación citada por Libertad Digital y Vozpópuli, los investigadores han localizado mensajes del grupo Hirurok en los que se alude a la posible influencia de contactos con el PNV para desbloquear el expediente de la compañía vasca. En esas comunicaciones, los implicados relacionaban las conversaciones mantenidas con dirigentes nacionalistas con la posterior aprobación del rescate en un breve margen de tiempo.
El informe de la UCO señala que el expediente de Tubos Reunidos fue elevado de nuevo al Consejo Gestor del FASEE el 13 de julio de 2021, momento en el que terminó recibiendo luz verde. Previamente, según los mensajes intervenidos, se habría planteado la necesidad de conocer la posición del PNV ante las objeciones existentes en el proceso, entre ellas las atribuidas al ámbito de la Secretaría de Estado de Economía.
La investigación también apunta al papel de Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán en Servinabar, así como al de Leire Díez y Vicente Fernández, expresidente de la SEPI. Según el sumario, estos habrían participado en gestiones relacionadas con el rescate de Tubos Reunidos y habrían obtenido una comisión cercana a los 115.000 euros por su supuesta intervención.
Tras la aprobación de la ayuda pública, Tubos Reunidos firmó el 1 de diciembre de 2021 un contrato con Mediaciones Martínez, sociedad vinculada a Antxon Alonso. El acuerdo contemplaba pagos anuales de 60.000 euros bajo el concepto de asesoramiento y desarrollo de negocio, aunque la UCO sostiene que esas cantidades responderían en realidad a una contraprestación por los servicios prestados durante el proceso del rescate.
El caso también alcanza a la anterior dirección del PNV por las reuniones que mantuvieron con representantes de Tubos Reunidos y con personas vinculadas a la trama investigada. De acuerdo con la documentación mencionada, Andoni Ortuzar, entonces presidente del partido, y Joseba Aurrekoetxea, responsable de Organización, tomaron parte en un encuentro realizado el 28 de enero de 2025 junto a directivos de la empresa y con Vicente Fernández.
Esa reunión se enmarcaría en una segunda fase de gestiones vinculadas a Tubos Reunidos, esta vez relacionada con una solicitud para aplazar un pago de 10 millones de euros a la SEPI. La UCO destaca que dicha petición avanzó con rapidez: recibió validaciones internas entre el 21 y el 25 de marzo de 2025 y obtuvo una propuesta favorable del Comité de Negocio del FASEE el 28 de marzo.
La aparición de estos mensajes ha provocado tensión dentro del PNV. Según Vozpópuli, fuentes de la formación admiten que la situación es delicada y que la actual dirección tratará de desvincular el funcionamiento ordinario del partido de los contactos mantenidos por la etapa de Ortuzar. La estrategia pasaría por atribuir la responsabilidad política de esos encuentros al anterior presidente del partido, preservando la posición de Aitor Esteban.
La crisis interna coincide con las discrepancias sobre la relación del PNV con Pedro Sánchez. Un sector próximo al lehendakari Imanol Pradales considera que la continuidad del apoyo al PSOE puede dañar las expectativas electorales de los nacionalistas vascos, especialmente en un contexto de crecimiento de EH Bildu y de desgaste del Gobierno central por los casos de corrupción que afectan a su entorno.
Pese a esa presión, Vozpópuli sostiene que la dirección del PNV no prevé romper con Sánchez ni facilitar una maniobra del PP contra el Ejecutivo. La formación nacionalista, según esas fuentes, mantendría su alianza con el PSOE tanto por los equilibrios de la política nacional como por la dependencia institucional existente en el País Vasco, donde el apoyo socialista resulta clave para el Gobierno autonómico.
El caso Tubos Reunidos se convierte así en un nuevo foco de desgaste para el PNV, que intenta contener el impacto de las menciones de la UCO mientras evita abrir una ruptura con el Ejecutivo central. La investigación judicial, aún en curso, determinará el alcance real de las gestiones descritas en los informes y el papel que pudieron desempeñar los distintos intermediarios en la aprobación de las ayudas públicas.
Fuente: Libertad Digital y Vozpópuli.
